Miércoles, 12 de Febrero de 2014
CAPITANICH.- Buenos días a todos y a todas. En principio quiero
referirme en la presente conferencia de prensa a la sentencia emanada de
la Corte Suprema de Justicia, que todavía el Estado Nacional no ha sido
notificado, pero seguramente por cuestiones formales se lo hará en el
día de la fecha. Ha ratificado el fallo de la Cámara de Apelaciones en
lo Contencioso Administrativo Federal sala 4. Esto implica que obliga al
Estado a que en el plazo de 30 días en el que quede firme la sentencia,
tiene que presentar un plan de distribución de publicidad oficial a
Canal 13 en paralelo con el resto de los canales análogos. La sentencia
tiene disparidad de criterios respecto a los jueces, hay tres jueces que
son precisamente el presidente de la Corte Lorenzetti, el doctor Carlos
Fait y Juan Maqueda, que han suscripto los trece considerandos de la
sentencia, y otros no coincidieron o tienen observaciones diferentes
como el juez Zaffaroni que remite el expediente a dictamen de la
Procuradora o del mismo modo otra actitud respecto a otros miembros de
la Corte respecto a la cuestión de la sentencia. Pero lo importante es
que de estos tres miembros que establecen la suscripción de los 13
considerandos de la sentencia, consideran que el Estado ha incumplido
criterios del fallo Perfil y que esa conducta viola principios
constitucionales, que a su vez promueve el desconocimiento de la
división de poderes, que resulta inadmisible en un estado de derecho y
que implica un grave deterioro del estado constitucional democrático,
eso en síntesis. Nosotros queremos responder enfáticamente a esto de la
siguiente manera. Primero, es falso, de falsedad absoluta que el Estado
nacional incumple el fallo en el caso Perfil. El Estado ha cumplido y
cumple cabalmente el fallo desde el mes de abril del año 2013, a partir
del cual se presenta en Juzgado de Primera Instancia la acreditación de
sus cumplimientos. En el caso concreto la Editorial Perfil plantea
objeciones que son inválidas en virtud de comparar peras con manzanas,
en definitiva la sumatoria total de las pautas de publicidad incluye no
solamente la asignación de pautas con recursos del Estado sino también
en compensación de dación en pago del decreto 1145 del año 2009 vigente,
por lo tanto son cuestiones absolutamente no comparables.
Y lo que nos causa preocupación es que la Corte Suprema de Justicia
pretende arrogarse precisamente la voluntad del legislador estableciendo
criterios de distribución de pautas de la publicidad oficial. Esto
verdaderamente para nosotros implica violación flagrante de la división
de poderes. Hay cuatro jueces obviamente que no convalidaron esta
postura, pero nos parece muy importante que genere este fallo de la
Corte Suprema de Justicia un debate profundo en la República Argentina
asociado a algunas cuestiones de carácter esencial. Me parece muy
importante que el debate sea sobre la base de la libertad de expresión y
de la libertad de empresa, y también de la vigencia plena de un
principio inalienable del sistema republicano que es la publicidad de
los actos de gobierno.
¿Por qué transmito este debate entre libertad de expresión y libertad
de empresa? Porque existirá plena, absoluta e irrestricta libertad de
expresión en tanto y en cuanto ustedes como periodistas, como
trabajadores de la prensa, puedan opinar de manera sistemática en contra
de la editorial a la cual representan. A mí me gustaría saber si
efectivamente todos los periodistas tienen toda la libertad para
escribir sistemáticamente en contra de la editorial del diario que les
paga sus respectivos sueldos o de los medios de comunicación orales,
escritos o televisivos. Me parece que ese es el gran debate, porque hace
a la esencia de la libertad de expresión. Por ejemplo, que en grupos
que están asociados a Papel Prensa, que en plena dictadura militar se
asociaron con la dictadura más genocida del país para apropiarse de
Papel Prensa, con el objeto de establecer un mecanismo que garantice la
provisión de un insumo a bajo costo destruyendo la competencia. Eso
verdaderamente debería o merece que los mismos diarios puedan publicar
todos los días el esclarecimiento activo de los hechos en contra de la
línea editorial, sin ocultar. Porque en general la información no
solamente implica expresar vivamente la misma, es decir la información,
sino también el ocultamiento manifiesto y, en muchos casos, doloso de la
información. Todos sabemos que el gran debate precisamente en Argentina
y en el mundo tiene que ver con esta relación. Porque paralelamente con
esto, si la Corte Suprema de Justicia o la Justicia se arroga la
voluntad de legislador y establece un parámetro administrativo de cómo
distribuir pautas de publicidad oficial, del mismo modo entonces debería
obligar a los medios de comunicación a divulgar, por el ejercicio
efectivo del principio de la división de poderes y del principio de
publicidad de los actos de gobierno, cuando se inaugura una vivienda,
porque es cumplir con un mandato constitucional y del principio de
publicidad de los actos de gobierno, cuando se inaugura una obra de agua
potable, cuando se inaugura una obra de redes cloacales, cuando se
inaugura una obra de carácter energética, por ejemplo de energía atómica
o hidroeléctrica, o de una ruta o de una autovía. Muchas veces, y
ustedes lo saben, la presidenta de la Nación ha tenido que utilizar la
cadena nacional para divulgar estas obras, y el día ulterior en los
diarios principalmente opositores no salía ni siquiera un renglón
respecto a la obra o el número de obras que se inauguraban, porque eran
no solamente a través de un discurso explícito, sino también a través de
teleconferencias en distintos lugares del país.
Entonces me parece que es absolutamente necesario y justo que ese
debate se profundice en la Argentina, que este sea el inicio de un gran y
profundo debate, en donde participen los periodistas, los trabajadores
de prensa, ustedes que interactúan permanentemente, para defender una
posición de profunda libertad de expresión. Todos sabemos que en
Argentina y en el mundo existe un debate respecto al poder y básicamente
el poder cambiante y el poder inalterable, el poder económico
verdaderamente es el poder inalterable, y el poder económico tiene una
estrategia desde el punto de vista de concentración de acción
psicológica a través de los medios de comunicación y a su vez un sistema
de influencia corporativa en el Poder Judicial. Qué rara casualidad que
ambos poderes concentrados no tengan la manifestación de la voluntad
popular. Los políticos, que tanto somos criticados por esos factores de
poder, nos sometemos todos los días a la luz y a la consideración
pública y también nos sometemos periódicamente a la voluntad popular.
Precisamente esa acción promovida por los grupos económicos concentrados
y mediáticos concentrados con acción psicológica establece líneas de
acción para desestabilizar gobiernos, para debilitar a los gobiernos,
para quitar confianza y credibilidad a los gobiernos. De manera que aquí
de lo que se trata es del debate más profundo en la República
Argentina, que es el debate del poder, el poder en la Argentina y el
poder en el mundo, el poder inalterable oculto y el poder visible. El
poder visible es aquel que emana de la voluntad popular, el poder oculto
es el que emana de la acción psicológica derivada de grupos económicos a
través de agentes encubiertos o explícitos. Este es el debate y por eso
celebramos que este fallo brinde esta posibilidad. Pero no es un
problema del oficialismo, también es un problema de la oposición. Este
es un problema de los actores políticos del sistema nacional y
universal, porque esta es la dimensión respecto a cómo influye el poder
en sus diferentes manifestaciones. ¿O acaso no se hacen guerras
preventivas para vender armas? ¿Quiénes financian las guerras
preventivas o la carrera armamentista? Las financian los grupos
económicos concentrados que promueven y venden armas, en donde la muerte
no les importa un bledo. Esto ocurre en el mundo; el tráfico de armas o
el tráfico de estupefacientes o el lavado de dinero a través de activos
financieros, a través de paraísos fiscales que los promueven las
grandes potencias. Este es el principal debate del mundo y eso implica
un debate abierto, plural y democrático.
Por lo tanto me parece que es absolutamente necesario observar con
rigurosidad esta cuestión, porque finalmente el Estado es ejercido por
un gobierno que a su vez es elegido por la voluntad popular por un
período determinado de tiempo. Ahora bien, el poder económico a través
de acciones explícitas o implícitas pretende gobernar siempre, por fuera
de la voluntad popular, solamente favoreciendo a sus propios intereses.
Por eso me parece que así como una vez el 7 de junio del año 1810 se
creó La Gaceta por Mariano Moreno, que era el órgano de difusión de la
Revolución de Mayo, me resulta interesante una pregunta: ¿cuál sería el
fallo de la Corte Suprema de Justicia en ese momento? ¿Regularía la
publicidad oficial para transmitir las medidas revolucionarias de un
cambio profundo o estaría atendiendo la pauta oficial provista por el
virrey Cisneros? Esta es la discusión profunda, entender claramente el
rol que tienen muchas veces los medios de comunicación respecto a
procesos de cambio que se dan en esta cuestión. Y obviamente, con mucho
respeto, la tribuna de doctrina del diario La Nación ha sido un
instrumento de profunda difusión política de don Bartolomé Mitre y todos
sus herederos. Y dicho sea de paso es muy bueno pensar como actúa la
Corte Suprema de Justicia, con absoluta equidad, porque hace 10 años hay
una acción de amparo donde el Estado promueve la percepción de una
deuda equivalente a 350 millones de pesos por deuda impositiva,
precisamente con el diario La Nación, y hasta ahora no se ha expedido,
10 años. La verdad que se ha expedido más rápido en esta cuestión, sería
bueno tener equidad de trato a los efectos de poder valorar
adecuadamente la cuestión.
Lo que me parece importante y está muy en relación con esto, son las
declaraciones de Miguel Bein. La verdad que me sorprendieron, como un
economista que ha sido viceministro de Economía de José Luis Machinea en
oportunidad de la presidencia de Fernando de la Rúa, donde ha
determinado con mucha claridad que los mercados venían envalentonados de
hacer volar al gobierno por los aires. Lo que nosotros expusimos con
mucho énfasis lo ha expuesto una personalidad en materia económica como
es Miguel Bein.
También quería transmitir que se ha establecido un proceso de
análisis junto a la industria de los medicamentos para retrotraer los
precios al 15 de enero, desde la semana que viene en todo el país por
18.000 productos. Asimismo y por iniciativa de la industria ellos han
planteado una disminución de 600 precios a diciembre, que es lo que
pretende ser divulgado a través de una lista de publicación por parte de
la industria, y serán distribuidos a casi 12.000 farmacias.
Paralelamente la Secretaría de Comercio ha detectado comportamientos
dispares en la evolución de precios de los diferentes laboratorios y se
analizarán los casos particulares que han tenido incrementos
injustificados. Aquí tenemos una denuncia del 6 de febrero realizada por
tres asociaciones de consumidores, que tendremos la oportunidad de
analizar.
Por último quiero decirles que en materia de inspecciones y sanciones
los incumplimientos que se constatan –porque ustedes lo preguntaron-
son de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y 22.802 de Lealtad
Comercial. Hay muchas infracciones, pero lo que quiero darles son los
números en general y esto va a salir publicado en el transcurso de esta
semana: 125 actas labradas a partir del 27 de enero, a dictaminar en
áreas legales 36 y 10 resoluciones sancionatorias próximas a
publicación. Quedo a la espera de sus respectivas preguntas.
PERIODISTA.- Dos consultas le quería formular. La primera está
vinculada al área del Ministerio de Transporte y tiene que ver con la
resolución publicada en el Boletín Oficial respecto a las cesión que se
hace de la concesión de los ramales Mitre y Sarmiento a Roggio. ¿Qué es
lo que determinó que el gobierno tome esta medida y qué nos puede decir
al respecto? Otro tema, Fútbol para Todos. Durante el fin de semana
hasta que se inició el torneo hubo muchísimas versiones y entre ellas
también se publicó con respecto a Marcelo Tinelli que usted había
presentado la renuncia y estaba molesto. Eso es lo que yo quería saber.
CAPITANICH.- Con respecto a eso desmiento categórica y enfáticamente,
como ya lo hice. En segundo lugar, Fútbol para Todos ha tenido más de
5.000 horas de transmisión, un equipo que viene trabajando con mucho
énfasis y seguirá trabajando naturalmente respecto a los objetivos y
metas que nos hemos fijado, de manera que eso se va a cumplir
regularmente.
Respecto a la cuestión asociada al tema transporte no quiero opinar
porque seguramente lo hará el ministro Randazzo en el día de la fecha,
así que lo van a escuchar a él.
PERIODISTA.- Consultarlo por el viaje de una delegación de diputados
uruguayos a Malvinas, qué posición tiene el gobierno al respecto, fue
para firmar acuerdos comerciales y hasta cerrar un posible viaje de
Montevideo a las islas, y si tiene algo que ver con alguna traba
comercial que habría impuesto la gestión del gobierno.
CAPITANICH.- Nosotros daremos a conocer la posición argentina a
través de Cancillería en el transcurso del día de la fecha. Y respecto
también a una opinión manifestada por el ministro de Economía de la
República hermana del Uruguay, consideramos que es absolutamente
inadmisible la injerencia respecto a la intromisión en decisiones que
tiene un país soberano como la República Argentina. Siempre tenemos una
visión de hermandad con los pueblos y naturalmente de relaciones
diplomáticas con los gobiernos y en ese sentido pedimos reciprocidad
desde el punto de vista del respeto. Nosotros no tenemos ningún tipo de
diferencia ni pretendemos inmiscuirnos ni asesorar ni brindar ninguna
posición respecto a medidas o decisiones económicas que se adopten. Y
mucho menos desde el punto de vista de la conducción del Estado. Por lo
tanto las expresiones del ministro de Economía de la República hermana
del Uruguay las consideramos desafortunadas y de una injerencia indebida
respecto a la decisión soberana que tenemos como país.
PERIODISTA.- Dos consultas. ¿Qué evaluación hace de la reunión que
mantuvo ayer la Presidenta con el titular de una de las CGT, Antonio
Caló? En esta misma consulta, teniendo que ver con el tema paritarias,
¿cuándo el gobierno se va a reunir con los gremios que representan a los
trabajadores del Estado? Por otro lado, como gobernador en uso de
licencia, ¿qué opina, qué fue lo que pasó ayer en la provincia del Chaco
con la represión a distintas organizaciones sociales que estaban
protestando?
CAPITANICH.- En principio le transmito mi posición de no efectuar
ninguna opinión respecto a hechos acaecidos en mi provincia, en virtud
de que existe la responsabilidad por parte del gobernador en ejercicio,
que es el doctor Juan Carlos Bacileff Ivanoff, en el marco de las
atribuciones conferidas por el artículo 141 de la Constitución
Provincial. Amén de eso también considero que las autonomías
provinciales, en virtud del artículo 5 de la Constitución Nacional,
implican el desenvolvimiento de las acciones. Desde el punto de vista
personal siempre considero que el diálogo debe ser el instrumento y la
herramienta para la búsqueda de consensos respecto a determinado tipo de
problemática. Sinceramente siempre he tratado de ser respetuoso en el
funcionamiento de las autonomías provinciales y no tener injerencia en
materia de decisiones, ni tampoco obviamente de opiniones porque
entiendo que cada uno de los poderes debe ser ejercido con la
responsabilidad competente en cada una de las autonomías provinciales.
Respecto al tema de la CGT, la reunión que ha tenido la Presidenta ha
sido satisfactoria en el sentido de analizar varios tópicos de la
realidad. Creo que va directamente en relación a lo que manifesté ayer
por la mañana desde el punto de vista de las paritarias, su alcance de
carácter anual, y también la evolución de la incidencia del precio de
los medicamentos en el funcionamiento de las obras sociales. A partir de
ese análisis exhaustivo entiendo que la Presidenta promueve y fortalece
el diálogo con los distintos sectores sindicales, precisamente en la
defensa de los intereses de los trabajadores. Y respecto al sector
público, como usted sabe el Estado tiene en algunos casos un rol o una
injerencia como empleador y en otros casos simplemente como factor de
intervención en la fijación de determinados pisos de negociación. El
caso típico es en materia docente, donde uno tiene la opción solamente
de contribuir a la fijación del piso, pero cada una de las
jurisdicciones provinciales son los efectivos empleadores y los que
establecen estrategias de negociación salarial en cada una de sus
jurisdicciones. En ese sentido existen dos modalidades desde el punto de
vista de la negociación salarial en paritarias por ejemplo en materia
docente. Una puede ser la decisión unilateral del piso por parte del
Estado Nacional y otra es por consenso con los actores intervinientes.
Esas son las dos opciones que seguramente se evaluarán en el transcurso
de estos días. La otra cuestión que tiene que ver con el Estado como
empleador, tiene paritarias de carácter anual y en definitiva es lo que
se va a utilizar en el transcurso de este semestre, pero todavía está en
plena vigencia la paritaria anterior. Muchas gracias.
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