Jueves, 13 de Febrero de 2014
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió esta noche en su despacho de Casa de Gobierno el Proyecto de Reforma, Actualización e Integración del Código Penal, de manos de los miembros de la Comisión creada por Decreto por el Poder Ejecutivo Nacional, para su elaboración.
El trabajo fue elaborado por los miembros de dicha comsión
conformada por el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio
Zaffaroni; los diputados nacionales por el radicalismo, Ricardo Gil
Lavedra, y por el PRO, Federico Pinedo; la delegada de la Gobernación de
la provincia de Santa Fe en la Ciudad de Buenos Aires, María Elena
Barbagelata; y el especialista León Arslanian. Los mismos desempeñan sus
cargos “ad honorem”, según fue fijado en el decreto de conformación de
la comisión.
Acompañaron a la Jefa de Estado el ministro de Justicia y Derechos
Humanos, Julio Alak y el secretario de Justicia, Julián Alvarez y el
secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini.
Puntos destacados del decreto 678/2012
El decreto 678/2012 que posibilitó a la constitución de esta
comisión fijó que la misma contaba con un plazo de 180 días corridos a
partir de la fecha de su constitución" (7 de mayo de 2012), aunque el
mismo podía ser ampliado "a pedido de la comisión".
El decreto establecía que que la comisión tenía por finalidad
producir un único cuerpo normativo que concentre toda la normativa
penal.
En los considerandos el decreto expresa que el Código Penal ha sido
objeto de múltiples reformas, lo que importó la introducción de
numerosas modificaciones en el articulado tanto de su Parte General como
de su Parte Especial.
Señala que más allá de toda valoración acerca del grado de acierto
de las enmiendas realizadas; la coherencia originaria de las
disposiciones del Código se ha visto afectada, a la vez que se ha
alterado el equilibrio y la proporcionalidad que deben guardar entre sí
las escalas penales de los distintos delitos.
Por otra parte –agrega-, la excesiva actividad reformadora en
materia penal también ha dado lugar a la adopción de una diversidad de
normas represivas especiales no integradas al Código Penal,
circunstancia que implica un alejamiento del mandato expreso de
codificación contenido en el inciso 12 del artículo 75 de la
Constitución Nacional, a la vez que obstruye la sistematicidad del
régimen punitivo y, en definitiva, pone en cuestionamiento la vigencia
del principio general del derecho que dispone que la ley se presume
conocida.
La circunstancia señalada –agrega- se ha visto acentuada a partir
de la reforma constitucional de 1994, a la luz de los modernos
postulados incorporados al derecho nacional tanto en el texto de la
Carta Magna como por conducto de los instrumentos internacionales de
derechos humanos de máxima jerarquía, cuya interpretación en la
jurisprudencia nacional e internacional ha ido conformando un conjunto
de cuestiones que demandan un tratamiento integrador.
Asimismo –agrega-, los más recientes avances en el proceso de
integración regional, hacen deseable que las distintas codificaciones
penales observen un grado de armonización creciente en sus aspectos
fundamentales, con el propósito de favorecer la cooperación entre
Estados y la implementación de estrategias coordinadas.
Los antecedentes históricos y las circunstancias de actualidad
referidas –dice-, han llevado en los últimos años a la conformación de
un criterio generalizado y prácticamente unánime, en orden a la
necesidad de una reformulación integral y totalizadora de la legislación
penal.
Por ello, agrega, en el año 2004 se conformó en el ámbito del
Ministerio de Justicia una Comisión para la elaboración de un proyecto
de ley de reforma y actualización integral del Código Penal, integrada
por prestigiosos académicos que desarrollaron una labor ininterrumpida
de dos años en los cuales efectuaron intercambios con expertos,
universidades, asociaciones civiles y demás organismos, culminando con
su cometido en el año 2006.
Ese Ministerio –agrega- sometió a consulta pública por espacio de
tres meses el anteproyecto elaborado por la Comisión, tras lo cual se
efectuaron modificaciones finales al texto y se recabó una extensa
nómina de las personalidades y organizaciones adherentes, pese a lo cual
el propósito reformador no pudo concretarse.
A la fecha –subraya- subsiste la necesidad de emprender la labor de
reforma penal integral, siendo un compromiso político asumido por el
Gobierno Nacional en procura de consolidar la institucionalización, la
seguridad jurídica y la plena vigencia de los derechos y las garantías
individuales, para la presente y las futuras generaciones de argentinos.
Por ello –indica- se estima conveniente la creación de una Comisión que
lleve a cabo el objetivo de reforma, actualización e integración de la
legislación penal en un único cuerpo normativo.
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